Ante la crisis de la disposición final de residuos, expertos analizan los desafíos de avanzar hacia una gestión integral

PAÍS CIRCULAR – Desde hace años que Chile arrastra una crisis estructural de infraestructura de sitios de disposición final de residuos. Actualmente, de los 102 centros existentes, solo 43 corresponden a rellenos sanitarios autorizados, mientras que el resto no cumple con las exigencias normativas. Y del total de residuos gestionados en el país, el 42% depende de sitios ya caducados o con vida útil igual o menor a 5 años, según un estudio desarrollado por la consultora Kyklos y la Asociación Chilena de Municipalidades.

Estimando, además, que un nuevo relleno sanitario tarda en promedio más de 10 años en concretarse, desde la selección del terreno hasta el inicio de su operación, la cobertura nacional de rellenos sanitarios autorizados podría caer del 86 al 71% de la población hacia el 2030, si no se habilita nueva infraestructura.

Con todo, voces de gobierno, sector privado y academia coinciden en que la solución no recae únicamente en contar con nuevos sitios, sino en avanzar hacia una gestión de residuos que sea integral, eficiente e inclusiva. No es un desafío menor, sostienen los especialistas, porque requiere de acciones en diferentes niveles, con participación pública, empresarial y ciudadana, considerando también mucha planificación e inversiones. Asimismo, implica un cambio cultural, es decir, es un proceso paulatino.

Felipe Petit-Laurent, jefe de la División de Desarrollo Regional en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), reconoce que, ante la compleja situación por la que atraviesa Chile, “se hace imperioso no solo abordar los casos más críticos que tenemos identificados en ciertas regiones, sino que ir desarrollando, en conjunto con el trabajo de disposición final de residuos, las temáticas de reciclaje y de circularidad”.

“Así, no solo hacemos reducción de los residuos propiamente tal, sino que generamos economías locales que nos permitan optar a sitios de disposición con mayor proyección en el tiempo, al disponerse menor cantidad de residuos en ellos”, añade el representante de la Subdere, entidad dependiente del Ministerio del Interior entre cuyas múltiples funciones está velar por el buen manejo de los residuos sólidos.

Estefanía Rodríguez, cientista política y asesora del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), es más crítica y asegura que la situación de los rellenos sanitarios en Chile es insostenible. “No es tanto un problema de la Subdere o de los municipios. Es un problema del sistema. Cuando el modelo surgió [años ’80], respondía a cierta lógica y era suficiente para ese momento. Pero actualmente, es evidente que el sistema está colapsado”, señala la investigadora.

Se trata de un diagnóstico que comparte Marcel Szantó, académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), especialista en gestión de residuos, quien destaca que “los rellenos sanitarios nacieron como una gran solución y llegaron a ser los proyectos de ingeniería más complejos. Sin embargo, hoy día empiezan a ser un problema. Chile tiene buenos rellenos sanitarios, pero no tiene más espacio, se le agotó. Por lo tanto, al relleno hoy tiene que llegar la mínima cantidad de residuos; solamente el rechazo [o fracción resto]”.

Si bien el país está encaminado en esa dirección, algunas cifras no son auspiciosas. La generación de residuos en Chile no se está reduciendo, de hecho, entre 2015 y 2021 el volumen de residuos municipales no peligrosos creció cerca de 25%, pasando de 7,2 millones de toneladas a 9 millones. En tanto, el reciclaje a nivel domiciliario está en torno a un escaso 4%.

Con vistas a esa realidad es que, al tiempo que se avanza en políticas públicas para promover la valorización -reúso, reciclaje, compostaje, etc.- existe conciencia de que no se debe descuidar los sitios de disposición final.

En ese sentido, Alberto Tagle, gerente general de Consorcio Santa Marta -operador del relleno homónimo ubicado en Talagante-, reflexiona que “aunque el país crezca significativamente en un ecosistema de negocios en reciclaje y valorización de los residuos, y aun habiendo un cambio cultural y mejoras normativas, se requiere la existencia de rellenos sanitarios por muchas décadas más. Por lo tanto, no podemos darle la espalda a esa situación, sino más bien planificarla con la cautela y la anticipación que merece”. En concreto, dice, Chile requerirá de rellenos sanitarios por 80 a 100 años más, de acuerdo a una estimación interna elaborada por la empresa.

“Se hace imperioso, no solo abordar los casos más críticos que tenemos identificados en ciertas regiones, sino que ir desarrollando, en conjunto con el trabajo de disposición final de residuos, las temáticas de reciclaje y de circularidad”.
Felipe Petit-Laurent, jefe de División de Desarrollo Regional en Subdere.

Avanzar en todos los flancos

El panorama resulta especialmente complejo en tres regiones del país, que dependen al 100% de sitios ya caducados: Coquimbo, Los Ríos y Magallanes. En esa línea, Felipe Petit-Laurent señala que ya se están implementando soluciones al corto y mediano plazo. “En Coquimbo estuvimos hace unos días recorriendo y viendo un potencial terreno para un nuevo centro de tratamiento. En Magallanes, concretamente en Puerto Natales, hay un relleno que ya está bastante avanzado y pronto debería entrar en operación. Y en Los Ríos se está trabajando, a través de estudios de ingeniería, en un centro de tratamiento integral que se está proyectando”.

“Creo que alternativas hay, porque hoy la tecnología es muy distinta. Hemos trabajado con consultores internacionales, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, con consultorías con universidades y, por lo tanto, creemos que las soluciones técnicas están y que permitirían hacer, no solo espacios de disposición de residuos, sino que centros de tratamiento integral. Esa es la apuesta que queremos desarrollar y para eso nos estamos coordinando con los municipios y gobiernos regionales”, afirma el jefe de División de Desarrollo Regional de la Subdere.

Andrea Cifuentes, gerente de Economía Circular de la consultora Kyklos, avala esta idea y propone repensar los lugares de disposición “como un activo, como un lugar donde se genera valor y para eso es clave separar los residuos desde el origen (…) Tenemos que buscar terrenos para instalar plantas de tratamiento que generen valor; ser capaces de que los camiones lleguen con los residuos diferenciados; meternos en los hogares y generar políticas para que la gente separe desde su casa”.

Felipe Petit-Laurent destaca los avances en la región de Los Lagos. Menciona, por ejemplo, el centro de disposición La Laja (Puerto Varas), que atiende a la provincia de Llanquihue y cuenta con un “buen modelo de gestión”, que incluye reciclaje.

Además, relata que en esa región se va a implementar el primer centro de economía circular de la macrozona sur, con apoyo del gobierno regional y de CORFO, con casi 10 millones de dólares en inversión. “Este centro apunta a soluciones súper concretas. La idea es que los residuos asociados a la industria de la mitilicultura (conchas de choritos, mallas, cuelgas, etc.) ingresen en la circularidad a través de iniciativas y emprendimientos de economía local”, declara el jefe de División de Desarrollo Regional de la Subdere. Añade que la economía circular permite abordar la gestión de los residuos desde una “mirada más virtuosa” y, a modo de ejemplo, menciona las conchas de choritos que se transforman en abono para suelo, gracias a sus componentes químicos.

“Creo que ahí están puestos los desafíos en el mediano plazo. Y por supuesto, en el corto plazo, hay que hacerse cargo de las situaciones más complejas. Pero entendemos, y así lo hemos ido conversando con los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, que las soluciones son integrales y tienen que apuntar a la circularidad”, recalca el ingeniero comercial.

En tanto, Marcel Szantó destaca el caso crítico vivido en la ciudad de Ancud, que le tocó abordar de manera personal. Luego de que la Corte Suprema cerrara el vertedero comunal Puntra El Roble en 2021, los residuos debían ser trasladados al relleno sanitario de la ciudad de Los Ángeles, debiendo los camiones recorrer 1.266 km entre la ida y vuelta.

Sin embargo, Ancud logró sortear el problema, según expuso el académico PUCV, a través de un plan que les permitió abatir el 40% de los residuos. “Hoy tienen 5.000 comporteras y el rechazo es muy poquito. Entonces, se trata de abatir los residuos en origen, segregar, minimizar, y solo llevar a relleno el rechazo”.

Szantó, director del Grupo de Investigación de Residuos Sólidos de la PUCV, dice que se debe avanzar en economía circular, lo que implica un cambio de paradigma que puede tardar muchos años, y a la vez mejorar la gestión en los rellenos sanitarios. ”El relleno se debe transformar en la última etapa, en el cementerio de lo que ya no se puede aprovechar, que es en torno al 21% y 25%”, reflexiona el ingeniero constructor y Master en Contaminación Ambiental.

“Tenemos que buscar terrenos para instalar plantas de tratamiento que generen valor; ser capaces de que los camiones lleguen con los residuos diferenciados, meternos en los hogares y generar políticas para que la gente separe desde su casa”.
Andrea Cifuentes, gerente de Economía Circular en Kyklos.

Evitar un colapso

La situación crítica de los rellenos sanitarios es algo que ocupa a la Subdere, señala Felipe Petit-Laurent y aclara que, actualmente, están en un proceso de diseño, con el fin de “proponer un plan táctico con los municipios, fortalecer gobernanzas y abordar las situaciones más complejas en el corto plazo”. Subraya que es necesario avanzar en políticas públicas porque, “si los espacios de disposición final se mantienen como están hoy, es evidente que nos vamos a ver enfrentados a un problema”.

Sobre este punto, Alberto Tagle, de Consorcio Santa Marta, es tajante: “Si no se analiza con seriedad la situación de vida útil y permisos ambientales de los rellenos sanitarios, además del desarrollo de nuevos sitios de disposición final en algunas regiones específicas, muy pronto la gestión de residuos enfrentará una situación mucho más compleja, o abiertamente emergencias sanitarias”.

En el caso puntual del relleno Santa Marta, que recibe cerca del 35% de los residuos que se generan en la Región Metropolitana (correspondientes a 17 comunas), es uno de los cinco rellenos sanitarios calificados por la Subdere con “criticidad alta”, categoría que responde a variables como población cubierta, normativa vigente, vida útil y costo de disposición.

Para abordar esta situación, dice Alberto Tagle, el Consorcio inició el proceso para extender la vida útil operativa del relleno que, en vías de avanzar con ese propósito, recientemente recibió la aprobación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para habilitar un nuevo punto de descarga de las aguas tratadas.

El ejecutivo explica que, por Resolución de Calificación Ambiental, el Consorcio tiene permiso para operar el relleno hasta el año 2035, mientras que en base a las tasas de recepción de residuos, los metros cúbicos disponibles se proyectan aproximadamente hacia el 2034. “Vamos a ingresar muy pronto un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para poder extender la vida útil por un plazo en torno a los 20-25 años, para hacer una ampliación del relleno, en terrenos aledaños a las instalaciones actuales”, subraya el ingeniero comercial sobre el proyecto que hoy está en curso.

Respecto a la futura extensión de la vida útil de Santa Marta, Felipe Petit-Laurent valora este avance. “Los visitamos recientemente, nos contaron de esta proyección y es una buena noticia. Aparte, ellos cumplen con los estándares de muy buena manera y hoy día están generando energía eléctrica con el gas que sacan del mismo procesamiento de los residuos”.

No obstante, Alberto Tagle manifiesta su inquietud en relación a los plazos de tramitación de los permisos que, según plantea, no se condicen con las necesidades de empresas que prestan servicios críticos y esenciales para la comunidad, como los rellenos sanitarios.

“En Chile, la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para un relleno sanitario toma en promedio diez años. Por lo tanto, nos gustaría que ahí hubiese más diligencia por parte de las autoridades. Creo que no hay que relajar ningún tipo de exigencia ambiental, sino más bien robustecer y fortalecer. Sin embargo, tenemos un problema de plazos asociado a la gestión de residuos. Hay que ser responsables desde el punto de vista de la ingeniería, pero también desde el punto de vista político. Hay organismos técnicos y administrativos, pero también organismos políticos que participan en la aprobación de este tipo de proyectos”, enfatiza el gerente general de Consorcio Santa Marta.

Según su visión, se requiere tener coraje político para enfrentar proyectos de este tipo, siendo a la vez responsables para evaluarlos en su mérito. “Hay que darle la tranquilidad al país de que todos los residuos que no sean reciclados, reutilizados, valorizados o compostados, y que deban ir por descarte a la disposición final, tengan un sitio con la ingeniería y con todas las aristas especializadas que un relleno sanitario requiere en su operación”.

“Si no se analiza con seriedad la situación de vida útil y permisos ambientales de los rellenos sanitarios, además del desarrollo de nuevos sitios de disposición final en algunas regiones específicas, muy pronto la gestión de residuos enfrentará una situación mucho más compleja”.
Alberto Tagle, gerente general del Consorcio Santa Marta.

“Lo primero es declarar que la gestión de los residuos es un servicio público, esencial, igual que el agua y la electricidad. Y en esa lógica, tener una institucionalidad que regule, fiscalice, que las reglas del juego sean claras, para que los privados, en este caso, puedan invertir”.
Estefanía Rodríguez, asesora del Consejo de Políticas de Infraestructura.

Incentivos y educación

También desde el CPI están abordando la crisis que enfrentan los rellenos sanitarios en Chile. Estefanía Rodríguez cuenta que están trabajando en un comité de especialistas para la gestión de residuos, que incluye actores del sector privado, empresas internacionales, académicos, ingenieros hidráulicos y expertos en medio ambiente, entre otros.

“Lo que proponemos es establecer un modelo, una política pública con planificación de infraestructura y financiamiento. Lo primero es declarar que la gestión de los residuos es un servicio público esencial, igual que el agua y la electricidad. Y en esa lógica, debe existir una institucionalidad que regule, fiscalice, que las reglas del juego sean claras, para que los privados, en este caso, puedan invertir. No solamente en rellenos sanitarios, sino que en centros de transferencia para poder separar los residuos, en pro de un país más limpio. Si bien la tecnología está, no hay incentivos para invertir, porque los números son muy estrechos. Como no hay una planificación, no hay cómo proyectar tampoco el financiamiento”, detalla Estefanía Rodríguez sobre esta propuesta.

“Por otro lado, está la necesidad de incorporar el principio de ‘el que contamina paga’. Porque si dejas la bolsa de la basura en el tarro, desaparece y te olvidaste de la basura. Pero si tienes que pagar por ese servicio, vas a ser mucho más consciente de la basura que estás generando. Hay estudios que analizan cómo es la disposición de las personas al pago por la gestión de residuos y la disposición es alta”, expresa la asesora de CPI.

Andrea Cifuentes, de Kyklos, recoge esta idea y pone el foco en la baja conciencia ciudadana de lo que se desecha: “Cuando uno va al tacho de la basura, el 80% de lo que está en la bolsa negra no es basura. Hay materia prima, plásticos, latas que se pueden recuperar, residuos orgánicos que pueden ser compostados. Entonces, los rellenos están colapsados, pero colapsados por cosas que no son basura”.

“Siempre se llama a reciclar, pero hace falta un tema regulatorio, porque hoy día botar basura es gratis. Si quieres reciclar es por voluntad propia, pero nadie te sanciona si botas una botella de plástico a la basura. Hay países en que te penalizan si encuentran reciclables dentro de la basura. El tema es que nos duela botar basura y eso requiere tiempo”, añade la ingeniera comercial.

Alberto Tagle, de Consorcio Santa Marta, comparte el planteamiento y recalca que el reciclaje, la reutilización y la valorización de los residuos son procesos más costosos que la disposición final. “Por lo tanto, no sirven solamente las ganas ni la educación. Aquí hay que avanzar con prontitud en la normativa legal y generar un mercado que sea cada vez más eficiente”.

Para el jefe de la División de Desarrollo Regional es fundamental concientizar sobre los beneficios ambientales, sociales y económicos de gestionar bien los residuos. Al respecto, destaca que “hay que generar un proceso de educación ambiental a través de programas con los gobiernos regionales, pero involucrando a todos los actores, públicos y privados. Por supuesto existen brechas, sobre todo en zonas rurales. Sin embargo, hoy en todas las regiones existen fondos de innovación”.

“Eso es importante, porque también hay una oportunidad económica para efectos de ciertos emprendimientos locales. Entonces, hay que seguir concientizando. No es un ejercicio de corto plazo, pero está incorporado en las estrategias y lineamientos que estamos abordando con el Ministerio del Medio Ambiente y con el Ministerio de Salud”, concluye Felipe Petit-Laurent.

”El relleno se debe transformar en la última etapa, en el cementerio de lo que ya no se puede aprovechar, que es en torno al 21% y 25%“.
Marcel Szantó, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

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Fuente: País Circular, Jueves 6 de Agosto de 2026