CPI ve oportunidad de conectividad en auge minero argentino

BNAMERICAS – El director ejecutivo del Consejo Político de Infraestructura de Chile, Carlos Cruz, repasa con BNamericas las prioridades tras el más reciente encuentro del organismo: la resiliencia de la infraestructura frente a los temporales, los ajustes pendientes en el sistema de concesiones y las oportunidades de conectividad e inversión hídrica que se abren con Argentina

BNamericas: ¿Cuáles son los principales puntos que rescata del evento y de las declaraciones del presidente de la República?

Cruz: Hay un problema de contexto que para nosotros no es menor y quisiera resaltarlo: la gran asistencia de público que tuvimos, lo que demuestra el interés que hoy día los temas de infraestructura representan entre la comunidad inversora y la comunidad constructora.

La segunda cuestión que quisiera destacar es la referencia directa que hizo el presidente de la República al rol que hemos cumplido como Consejo Político de Infraestructura en la elaboración de propuestas de infraestructura que se hicieron llegar a todos los candidatos presidenciales el año pasado, y que el gobierno actual ha recogido con mucho entusiasmo, usándola como marco orientador de sus políticas. El reconocimiento del presidente es un tremendo respaldo institucional con el que cuenta el CPI.

Sobre los temas más precisos, yo diría que hay que mirarlo en dos perspectivas. La primera es lo que se anunció respecto de cómo abordar la emergencia. Chile está muy remecido por los últimos temporales; ha habido una crisis muy importante en las regiones del norte y de la zona central que ha afectado a mucha gente, y por lo tanto la primera prioridad ha sido ver de qué manera responder. La infraestructura ha demostrado una capacidad de resiliencia bien significativa; sin embargo, se han sacado lecciones, y parte de lo que se habló son justamente esas lecciones de cómo, a partir de estos episodios, es necesario incorporar más elementos que aseguren resiliencia a nuestra infraestructura en el largo plazo.

Otro punto importante es la valorización que le ha dado el gobierno a los acuerdos de asociación público-privada (APP) para llevar adelante inversión. El gobierno chileno sostiene tener problemas de financiamiento más o menos significativos, y por lo tanto cualquier iniciativa de gran escala tiene que enmarcarse en un modelo de asociación público-privada, que en Chile está bastante consolidado, aunque igual hay que hacerle ajustes para que se despliegue de mejor manera y sea efectivamente una palanca de desarrollo.

BNamericas: ¿Podría profundizar, desde el punto de vista del CPI, en los ajustes que requieren las asociaciones público-privadas?

Cruz: Hay un problema de legitimidad en la industria. Hoy existen una serie de cuestionamientos a los distintos sistemas de asociación público-privado que se han aplicado tanto en hospitales, cárceles y carreteras—que son modalidades distintas—y creo que hay que hacer un esfuerzo importante por esa re-legitimación. Como parte central, las inversiones de envergadura que implican modificaciones sustantivas a lo que hoy el país puede ofrecer como servicio requieren una cierta legitimidad social, una “licencia social”, porque son proyectos muy invasivos que alteran mucho la geografía, y en ese sentido vale la pena hacer un esfuerzo en esa dirección.

La segunda cuestión es el tema tarifario. Un 70% de las concesiones en Chile se han hecho con pago del usuario, y por lo tanto hay una discusión respecto de la justeza de las tarifas que se están cobrando. Hay una fuerte presión por modificar el marco regulatorio que las define, y creo que eso hay que revisarlo, porque hay cosas que llaman la atención y que habría que precisar—por ejemplo, la hipótesis de que el Estado está recaudando más plata de la que debiera. Estas obras nunca fueron pensadas como mecanismos de recaudación estatal, pero hoy se sostiene que el Estado está recaudando de más, y por lo tanto creo que es importante revisar y que el Estado precise cuáles son los recursos que efectivamente está recibiendo del sistema. Eso daría pie para ver de qué manera se pueden usar esos excedentes: si se pueden destinar a más obras, si se pueden transferir a los usuarios, en fin, hay que buscar la modalidad, y eso es parte del proceso que creo que hay que intensificar.

Y en las obras de pago por disponibilidad, hay que buscar un marco que permita que el Estado pueda asumir más riesgos y una mayor cantidad de obras, sin afectar los niveles de endeudamiento, de tal manera que podamos contribuir a ampliar la dotación de infraestructura y servicios que el país requiere.

BNamericas: Volviendo a la emergencia de las últimas semanas, ¿cambió esto la prioridad sobre qué tipo de infraestructura se debe llevar adelante en Chile?

Cruz: No, no ha habido un cambio en el tipo de infraestructura. Hay un cambio en la necesidad de incorporar elementos de resiliencia adicional.

La resiliencia tiene que ver con dos elementos importantes: uno es la capacidad de las obras de resistir embates de la naturaleza, y el segundo es la capacidad de recuperarse. Ambos temas hay que ver de qué manera se incorporan a los proyectos.

Nosotros tenemos una modalidad de evaluación social de proyectos que define los montos que se permiten invertir en determinadas actividades, y que es bien restrictiva; eso de repente genera dificultades para agregar las inversiones necesarias que permitan cumplir con este doble propósito—mayor resistencia y mayor capacidad de recuperación. Por lo tanto, esto abre una conversación respecto de cuáles son los montos que se debieran autorizar para determinadas obras y cuáles son los criterios técnicos que hay que utilizar para justificarlos.

El otro tema que surge es la redundancia de algunas obras, porque finalmente las obras en sí mismas no tienen mucho sentido, sino que lo tienen por el servicio que prestan. Si se corta un camino y no se puede abastecer a una determinada localidad, hay que pensar en alternativas para asegurar ese abastecimiento. Esa redundancia hoy no está presente en los criterios de definición de los planes de infraestructura, y por lo tanto todavía tenemos mucho que avanzar, aunque estamos bien satisfechos respecto de la capacidad de la infraestructura con la que cuenta el país.

BNamericas: A partir del crecimiento del petróleo y la minería en Argentina, ¿ve posibilidades de relanzar proyectos como el túnel de Aguas Negras u otros similares?

Cruz: Hoy la fortaleza que tiene el mercado del Pacífico hace que la conectividad entre Chile y Argentina requiera mucha más relevancia que en el pasado. Para nosotros es una oportunidad de ofrecer servicios y calidad de infraestructura, y para Argentina, la posibilidad de exportar en mejores condiciones logísticas a los mercados del Pacífico. Creo que hoy se dan ciertas coincidencias de interés que debieran permitir identificar nuevas obras de inversión que faciliten esa conectividad

De ahí surgen varias iniciativas. Estamos bastante activos en el Corredor Capricornio—Mato Grosso brasileño, Paraguay, el norte de Argentina, con los puertos chilenos del norte—.

En la zona de Atacama hay proyectos mineros muy importantes del lado argentino que también van a requerir mayor facilidad de acceso a los puertos chilenos y al agua generada por desalinización, para facilitar el desarrollo de esas actividades mineras. Eso va a incentivar el diseño de nuevas obras de infraestructura, conectividad y abastecimiento de agua. Está el paso de Aguas Negras, un deseo inconcluso desde hace tiempo, aunque sigue siendo un paso relativamente alto, por lo que hay que pensar en soluciones más operativas. En la zona central está el paso Los Libertadores, hoy cerrado, y hay que pensar en alternativas como el paso Las Leñas, más al sur de Santiago.

También está lo nuevo que ha surgido en torno a Vaca Muerta, que va a generar una actividad económica muy importante en las provincias del sur de Argentina, con posibilidades de sacar productos por los puertos de la región del Biobío, incentivando una nueva forma de conectividad entre las regiones del sur de Chile y del sur de Argentina.

Esta evolución no es de meses, sino de años: los proyectos de inversión en minería en Argentina llevan ya mucho tiempo de desarrollo y hoy están madurando lo suficiente como para definir por dónde se sacan, y creo que nosotros constituimos una alternativa muy atractiva. De todas maneras, hoy está más en ideas que en proyectos concretos: nunca se ha dejado de trabajar en mecanismos de conectividad, pero las conexiones existentes son probablemente subdimensionadas para lo que se requiere, lo que va a forzar a pensar en inversiones de mayor dimensión.

BNamericas: ¿La reactivación del Tratado de Cooperación Minera también podría dinamizar estas inversiones?

Cruz: Absolutamente. Creo que el Acuerdo de Cooperación Minera debería ser un factor muy dinamizador para las inversiones en infraestructura, tanto del lado chileno como del argentino, porque ambos tienen que llegar a la frontera.

BNamericas: En 2026 se aprobó la Ley de Desalación en Chile. ¿Cómo evolucionan las inversiones en desalinización?

Cruz: Ha habido un boom de la desalación sin ningún tipo de regulación. La minería resolvió por su cuenta el problema de agua invirtiendo en plantas desalinizadoras, y a partir de esa experiencia se elaboró esta ley, que hoy está en fase de discusión de su reglamento. Creo que va a poder ordenar en buena medida los requisitos normativos para llevar adelante este tipo de iniciativas, facilitando la instalación de plantas de desalinización tanto para el consumo humano como para la minería.

Lo que estamos planteando es que, dado el impulso que ha tenido la desalación, se piense también seriamente en asegurar el abastecimiento de agua para la agricultura. Esto es un tema controvertido después de los temporales recientes y la cantidad de agua que ha caído, pero estamos en un momento de cambio en las condiciones climáticas que hace prever que seguiremos sufriendo esta dualidad compleja: sequía muy intensa por un lado, y en momentos específicos, grandes abundancias de agua que causan los problemas de infraestructura de los que hemos hablado.

Lo que da regularidad frente a esto son los embalses y las plantas de desalinización. Estamos promoviendo aumentar la disponibilidad de embalsar el agua de lluvia y ampliar la dotación de plantas de desalinización para asegurar los recursos hídricos de la agricultura, que tiene un potencial de expansión enorme en Chile—sobre todo la agricultura de alto valor agregado—, dado el clima propicio y el territorio disponible con cerca de un millón de hectáreas por explotar. Eso permitiría prácticamente duplicar nuestra exportación agrícola, y creo que hay que diseñar una estrategia que permita avanzar en esa dirección.

BNamericas: ¿Existe el financiamiento para obras como embalses, que requieren una inversión muy alta?

Cruz: Es uno de los problemas que enfrentamos. El tema de los embalses grandes me parece difícil de sostener, porque son inversiones muy altas y también muy invasivas desde el punto de vista ambiental. Lo que hemos planteado es que, cuando no sea posible pensar en embalses demasiado grandes, se considere una

combinación de plantas de desalinización—cuya inversión es mayor pero da más seguridad—y embalses más pequeños que operen como reguladores de torrentes.

Nosotros no tenemos ríos, tenemos torrentes. Por lo tanto, embalses de regulación permitirían administrar esos recursos hídricos de mejor manera, con menor costo y menor impacto. Se trataría de hacer inversiones de menor cuantía, más diversificadas, que cumplan el propósito de regular los torrentes y acumular agua tanto por la vía del embalse como por la infiltración.

BNamericas: ¿En cuánto tiempo cree que empezarán a concretarse proyectos de embalse e infiltración que hoy no existen en Chile?

Cruz: Estamos recién iniciando las ideas. Los últimos embalses han tomado casi quince años en poder empezar a construirse, por lo que esa no puede ser la solución; tiene que ser algo más rápido, aunque no me atrevo a dar plazos exactos porque va a

depender mucho de la estrategia que se diseñe y de los cambios en la normativa de permisos sectoriales y ambientales.

Si somos capaces de identificar proyectos con relativa rapidez, diseñar una estrategia de inversión en embalses y zonas de infiltración, y avanzar junto con la mejora del sistema normativo y de permisos, podría ser algo relativamente rápido. Me atrevería a pensar en tener proyectos de aquí a tres años, y obras funcionando de aquí a seis años.

Fuente: Bnamericas, Viernes 31 de Julio de 2026