Desalación y agro: la ecuación que falta resolver

La Ley 21.813, promulgada en mayo, establece las bases para que el país avance en desalinización de agua de mar. Si bien no menciona expresamente al agro, los expertos sostienen que no lo excluye. El desafío es dar con las fórmulas para bajar el valor final del agua y que se convierta en una alternativa real para el sector.

Más allá de que este año El Niño parece haber traído agua que, además de provocar distintos desastres, podría dar cierta tranquilidad a la producción agroalimentaria, el problema de fondo, de cara al futuro, sigue siendo de dónde obtener un recurso hídrico que cada vez es más escaso. Desde hace ya tiempo que la desalación aparece como una opción para contar con mayor disponibilidad de agua, para lo cual en mayo se promulgó la Ley 21.813, conocida como la Ley de Desalinización, que establece las bases y condiciones para utilizar el agua de mar.

Con la nueva norma, para la cual aún está pendiente el reglamento, se busca regular el desarrollo sostenible de proyectos de desalinización, con el objetivo de mejorar la seguridad hídrica y resguardar la biodiversidad y los ecosistemas marinos y costeros. Si bien en ella se indica que se debe priorizar el establecimiento de desalación multipropósito, no menciona explícitamente al agro o a la producción alimentaria.

Sin embargo, dicen los expertos, eso no es así.

Gabriel Caldés, consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), comenta que la nueva normativa no asigna el agua desalada a sectores productivos específicos ni excluye al sector agrícola. “Por consiguiente, la agricultura puede incorporarse a proyectos multipropósito, siempre que esa participación forme parte del diseño técnico, económico y contractual del proyecto”, plantea.

En la misma línea, Rafael Palacios, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), considera que el agro está contenido en la definición de multipropósito. “No hay que confundir lo multipropósito con ser multicliente. Esto último se refiere a una infraestructura compartida; por ejemplo, un proyecto de reúso que entrega el agua a dos o tres consumidores, pero que son de un mismo rubro. En cambio, cuando se habla de multipropósito, se refiere a que ese recurso tiene más de un propósito, puede ser minería y agricultura”.

El problema de fondo, dicen los expertos, es el tema económico y operacional.

Por un lado, la demanda agrícola por agua sería estacional y la planta desaladora requiere operar de manera continua para hacerse cargo de los costos fijos de operación.

“Por ello, la participación del agro requeriría combinar contratos de largo plazo, almacenamiento, integración con embalses y canales, tarifas diferenciadas y, cuando exista justificación social o territorial, mecanismos de apoyo público”, sostiene Caldés.

Si bien el problema de la estacionalidad tiene cada vez menor impacto, principalmente por los avances tecnológicos que permiten cultivar en períodos más extensos o bajo sistemas protegidos, lo que ha cambiado es la necesidad de transportar esa agua desde los puntos de desalación hasta los acumuladores, ya sean embalses o estanques, cercanos a las zonas productivas, que usualmente están a varios cientos de kilómetros de distancia y con una cordillera de la Costa de por medio.

Eso significa que, como se sabe, el valor del agua desalada es el principal escollo para la producción alimentaria, que no tiene un valor lo suficientemente alto como para pagar esos mayores costos (construcción, operación y traslado).

BAJAR EL VALOR

En la actualidad, el valor del agua desalada para una operación agrícola emplazada a 100 kilómetros de la costa y a 500 metros sobre el nivel del mar, podría alcanzar US$ 3,7 por metro cúbico, considerando el valor de la inversión y de la operación, explica Palacios.

Y si bien el agua más cara es la que no está, la mayor parte de las producciones agroalimentarias no tienen valores que permitan financiar ese costo. Aquí los más afectados son los pequeños y medianos agricultores.

Fuente: El Mercurio