Más de 500 iniciativas de “pequeña escala” entre obras públicas y vivienda: la nueva cartera de proyectos para la “aceleración económica”

21 de septiembre de 2026 · EL MERCURIO – Tras las débiles cifras económicas y de empleo informadas la semana pasada, el discurso oficial cambió. De “ajuste fiscal” transitó a anuncios en torno a la inversión pública. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, prometía que este año se ejecutaría el 100% del presupuesto del MOP: “trabajaremos en hacer licitaciones rápidas”, dijo en el reciente Chile Day. Y es que datos de Dirección de Presupuestos (Dipres) apuntaban a una ejecución del 38% a junio, de los $3.300.230 millones asignados para 2026, cifra que hoy habría llegado al 60%, dicen desde la cartera de Obras Públicas.

Así, tal como se implementó tras la pandemia, el nuevo plan de aceleración económica con que el Gobierno quiere revertir el alto desempleo —que se acerca al 10%— y la caída en la actividad, apunta a concretar en el corto plazo una cartera cercana a 500 proyectos, principalmente de escala menor, que están en los ministerios de Obras Públicas y Vivienda, y cuya tramitación ya estaba avanzada.

En su mayoría, las iniciativas del MOP serán licitadas y adjudicadas este año, para ser desarrolladas en 2027, y no incluyen concesiones.

“Hay un stock de proyectos listos para la licitación”, adelantan desde el MOP. Se trata de unos US$ 600 millones en inversión. Además, los equipos del ministerio tendrían “una capacidad adicional para ejecutar US$ 700 millones en proyectos”, sostiene el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange.

Fuentes cercanas a la cartera afirman que son cerca de 300 contratos que se empezarían a licitar en octubre, que consideran obras como pavimentación de caminos básicos (rurales), mantención de puentes, conservación de sistemas de agua potable rural, limpieza de cauces, conservación de bordes costeros y de pistas de aeropuertos. Todos, distribuidos en las 16 regiones del país y que tendrían una duración máxima de 12 meses de ejecución.

De hecho, dado que su tramitación e ingeniería están listas, serán licitados y adjudicados este año, para ser desarrollados el próximo.

Desde el Gobierno puntualizan que, además, será inversión directa, sin concesiones, dado que son contratos más ágiles, que requieren menos permisos y por ende de rápido inicio de obras. Es más, se establecerá un plazo máximo entre el llamado a licitación y la recepción de ofertas, y un plazo máximo para que los funcionarios del MOP puedan emitir la resolución de adjudicación del contrato.

“La prioridad deberían ser las obras de menor tamaño e intensivas en mano de obra. Básicamente vivienda social, obras de infraestructura menor en las ciudades y proyectos de obras viales y de riego rurales en el Ministerio de Obras Públicas”, dice Carlos Cruz, exministro de la cartera.

“Hay mucho proyecto de bajo costo en las municipalidades de menores recursos para infraestructura urbana, como mejoramiento de veredas, pavimentación de calles, o reparación de hoyos que son de simple ejecución”, agrega el también director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

“Por más ‘express’ que sea la agenda, es necesario formar equipos para cada proyecto, hacer subcontrataciones, y eso toma unos meses, no es automático”, explican expertos, por lo que los plazos más razonables hablan de una puesta en marcha de obras a contar de 2027.

De todas formas, el ministro De Grange explica que la mayor parte del presupuesto 2026 es de arrastre, “y estamos haciendo una gestión sólida para ejecutar el 100%. Si comparamos con los primeros años de los últimos cuatro gobiernos, llevamos una ejecución más avanzada. Además, por el tipo de obra y de contrato, parte importante de dicho presupuesto se ejecuta durante el último trimestre”.

La meta es ambiciosa. Entre septiembre y diciembre, los proyectos del Ministerio de Vivienda podrían generar unos 50.000 empleos: 37.000 en construcción de viviendas, y 13.000 en obras urbanas.

Los últimos datos de Dipres a junio dan cuenta de una ejecución del 29% a junio, un 33% menos que hace un año. Si el presupuesto destinado es de $464.699 millones, han gastado al primer semestre $136.038 millones, pero ya tienen un abanico amplio de iniciativas.

Es que la cartera que lidera Iván Poduje prevé ejecutar inicialmente US$ 140 millones en proyectos. El plan incluye la activación de programas destinados a segmentos vulnerables, zonas rurales y de integración social, que sumarían unas 25.000 viviendas. Además se incluye el mejoramiento de 2.600 casas, 35 planes de mejoramiento barrial y 12 obras de prevención de riesgo de desastres en zonas de reconstrucción en Penco, Viña del Mar y Quilpué, explican desde el Minvu. Con estas obras, detallan desde la cartera, además, apoyarán el plan de seguridad con 29 proyectos en barrios con altos índices de delitos.

A ello se suman 16 parques en construcción, que totalizan 55 hectáreas en 15 comunas de nueve regiones; además de 36 parques regionales en proceso de conservación, que alcanzan 426 hectáreas, y 22 parques de la red Parquemet, por otras 1.009 hectáreas en la Región Metropolitana. Por ejemplo, el mejoramiento del parque Río Viejo La Hondonada, en Cerro Navia, cuyo costo es de $4.090 millones, o el parque Barón en Valparaíso, por otros $47.687 millones.

En obras urbanas considera unas 430 iniciativas: 57 en construcción y mejoramiento de parques urbanos, 55 obras de espacios públicos, 189 proyectos de vialidad y 120 de pavimentos participativos que fueron postulados por los municipios, entre los que destacan la Villa Esperanza en Chillán, el sector Carretones de Monte Patria en Coquimbo, y la pavimentación de veredas en calle Almirante Grau en Panguipulli.

Otros ejemplos son la extensión de agua potable y redes de alcantarillado en Paillaco, Valdivia; la urbanización de los Llanos de La Candelaria, en Copiapó, y obras en Valparaíso.

A todo esto se agregan 22 obras en ejecución de infraestructura sanitaria en 13 regiones del país.

¿Y las concesiones?

Desde el sector privado remarcan que en vez de potenciar el sistema de concesiones, se han bajado algunas, como las obras de ingeniería del Puerto de San Antonio —“lo que implica que los gastos cercanos a US$ 2,5 millones para estudios y preparación de licitaciones, se perdieron”, dicen—, además de la postergación de concesiones como la planta desaladora en la Región de Coquimbo o el Acceso (vial) Norte a Valdivia o la ruta Antofagasta-Caldera.

Es que a juicio de la presidenta del gremio de concesionarios (Copsa), Gloria Hutt, el plan de shock de obras públicas debe venir acompañado del desarrollo de proyectos concesionados. Sus cifras apuntan a que la construcción tiene 712.000 trabajadores ocupados, pero que existe una brecha de 198.000 empleos potenciales que las concesiones pueden ayudar a cerrar.

Hoy, existen 25 proyectos concesionados adjudicados, pero pausados en diferentes etapas, como hospitales y carreteras. “Activar al menos un tercio de ellos, representa una oportunidad para impulsar la economía y el empleo”, agrega la exministra Hutt. Revela que las iniciativas solo están detenidas por temas de gestión, permisos y acuerdos que, destrabados, podrían convertirse en una serie de “primeras piedras” en los próximos dos años, señala Hutt.

De activarse, calcula que estas iniciativas podrían generar cerca de 13.000 empleos en su etapa de construcción y 7.000 ya en régimen.

Fuente: https://digital.elmercurio.com/2026/09/20/B/DO4M3J63#zoom=page-width