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MOP busca reducir de seis a cuatro meses los procesos de licitación de obras públicas con medi-das de agilización
Con ello apuntan a acortar los plazos administrativos, simplificar los procedimientos y acelerar el inicio de las obras. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) busca reducir en un 30% los tiempos de tramitación de los procesos de licitación de obras públicas, pasando de los seis meses […]
23 de octubre de 2026 · DIARIO FINANCIERO – Con ello apuntan a acortar los plazos administrativos, simplificar los procedimientos y acelerar el inicio de las obras.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) busca reducir en un 30% los tiempos de tramitación de los procesos de licitación de obras públicas, pasando de los seis meses que habitualmente demora el procedimiento a cuatro.
Así lo dio a conocer la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) durante una presentación realizada en Edifica 2026, donde detalló diez medidas de agilización de licitaciones, que apuntan a acortar los plazos administrativos, simplificar los procedimientos y acelerar el inicio de las obras.
Entre las principales modificaciones, se contempla establecer un plazo máximo de cinco días para la aprobación de las licitaciones, junto con fijar un plazo mínimo para la publicación de los procesos una vez recibidos los antecedentes y la designación anticipada de los evaluadores.
A ello se suma la simplificación documental de las ofertas y la realización de la evaluación técnica y económica en un solo acto, con el objetivo de evitar etapas sucesivas que prolonguen los procedimientos.
Asimismo, el MOP busca establecer un plazo máximo de cinco días para la evaluación de las ofertas, el mismo período para su adjudicación y para la entrega de terrenos. También se considera una revisión prioritaria de las garantías y un seguimiento permanente de los procesos por parte de la DGOP.
Las iniciativas forman parte de uno de los cuatro ejes estratégicos definidos por la Dirección General de Obras Públicas, que también incluyen la modernización normativa, el impulso de grandes proyectos de infraestructura y la incorporación de innovación en la ejecución de obras públicas.
En materia normativa, el organismo contempla modificaciones al Reglamento y las Bases de Licitación, entre ellas el aumento de los montos máximos de las categorías del Registro de Contratistas, la actualización de las exigencias de acreditación de experiencia y cambios en las bases para que los contratistas puedan elegir el tipo de reajuste.
Adicionalmente, se busca implementar un mecanismo de gestión temprana de discrepancias, mediante un libro de alertas, comisiones consultivas para contratos de menor envergadura y un panel de gestión para proyectos de mayor tamaño, con el propósito de anticipar y resolver controversias durante la ejecución de las obras.
Fuente: Diario Financiero
Nota publicada originalmente por Diario Financiero y recogida por el CPI en su informativo. Leer la nota original → (se abre en otra pestaña)