Invertir en nuestras ciudades

1 de octubre de 2026 · Francisco Martorell – Las cifras para el período 2026-2035 señalan que 21 ciudades necesitan más de US$15 mil millones en infraestructura urbana. Al mismo tiempo, la inversión municipal representa apenas el 12% de la inversión pública.

Por Carlos Aguirre, Consejero Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

Chile tiene un problema con su infraestructura urbana que no se explica solo por falta de recursos. Se requieren mejores plazas, parques, equipamientos y espacios públicos, pero los municipios tienen presupuestos y capacidades muy diferentes. El desafío es convertir esas necesidades en proyectos que realmente puedan financiarse y construirse.

Las cifras para el período 2026-2035 señalan que 21 ciudades necesitan más de US$15 mil millones en infraestructura urbana. Al mismo tiempo, la inversión municipal representa apenas el 12% de la inversión pública.

Aquí aparece una herramienta poco conocida: la Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC). La norma está vigente desde 2003 y permite que privados participen en el financiamiento y desarrollo de infraestructura pública. La idea es simple: si un proyecto puede generar ingresos y, al mismo tiempo, entregar un beneficio a las comunas, no necesariamente tiene que pagarlo completamente el Estado.

El problema es que casi no la hemos usado. Desde que la norma entró en vigencia se han materializado solo dos proyectos del Serviu, además de Plaza Ñuñoa como experiencia municipal. Después de más de veinte años, es difícil pensar que se trata únicamente de falta de conocimiento. También debemos preguntarnos si la herramienta es suficientemente simple y adecuada para las capacidades reales de las municipalidades.

Una plaza en un barrio vulnerable puede mejorar mucho la vida de sus habitantes, pero difícilmente genera ingresos suficientes para atraer inversión privada. Un estacionamiento en un sector comercial puede ser mucho más rentable. Eso significa que necesidad urbana, beneficio social y rentabilidad privada no son lo mismo.

Por eso el orden importa. Primero, debemos identificar qué necesita cada territorio. Después, decidir cuáles son las inversiones más importantes. Recién entonces corresponde buscar la mejor forma de financiarlas. Algunas podrán hacerse con inversión privada, otras necesitarán recursos públicos y muchas requerirán una combinación.

Si hacemos el camino al revés, corremos el riesgo de construir donde existe un buen negocio y no donde existe una mayor necesidad. Las comunas con más actividad económica tendrán mejores posibilidades de atraer inversión. Las zonas con menos recursos podrían seguir esperando, aunque sus déficits sean mayores.

Tampoco podemos pedir que cada municipio resuelva esto solo. Preparar iniciativas de largo plazo requiere conocimientos técnicos, jurídicos y financieros que no todos tienen. Se necesita apoyo especializado, bases de licitación comunes, reglas simples y estudios de mercado antes de licitar. Varias de estas mejoras ya están planteadas en la discusión sobre la FUC.

También necesitamos una cartera de proyectos urbanos previamente evaluados y tener identificado qué problema resuelven, cuántas personas benefician, cuánto cuestan y cuál es la mejor manera de financiarlos.

Y después debemos medir qué ocurrió. Saber si la obra se usó como estaba previsto, qué pasó con el barrio y quién recibió realmente los beneficios. Ahí la academia puede aportar evidencia.

La discusión sobre la FUC no debería ser simplemente cómo conseguir más inversión privada. La pregunta es cómo usar esa inversión para construir las ciudades que necesitamos.

Fuente: https://www.elperiodista.cl/2026/10/invertir-en-nuestras-ciudades/